La colectiva feminista pidió no anticipar conclusiones sobre las investigaciones y llamó a evitar la criminalización y revictimización de las mujeres asesinadas

Escuinapa, Sinaloa.– El colectivo feminista Orquídeas Moradas fijó postura ante las declaraciones realizadas públicamente por la diputada local Rosario Sarabia Soto, quien afirmó que los asesinatos de mujeres registrados recientemente en Escuinapa no corresponden a feminicidios y los relacionó con una presunta pertenencia de algunas víctimas a grupos delincuenciales.

A través de un posicionamiento difundido en sus redes sociales, la colectiva señaló que la determinación de si un asesinato de una mujer constituye o no feminicidio no corresponde a una declaración pública, sino a las autoridades encargadas de realizar las investigaciones y valorar los elementos de prueba.

“Cada caso debe investigarse y determinarse conforme a la ley, no anticiparse públicamente”, señaló Orquídeas Moradas.

La postura surge después de que Sarabia Soto, diputada local por el Distrito XXIV, se pronunciara en redes sociales sobre los asesinatos de mujeres ocurridos en Escuinapa. Diversos medios reportaron que la legisladora sostuvo que estos casos no correspondían a feminicidios por razón de género y los relacionó con la presunta participación de las víctimas en grupos delincuenciales.

Piden diferenciar una línea de investigación de un hecho probado

Orquídeas Moradas aclaró que su posicionamiento no pretende afirmar que todo asesinato de una mujer deba ser considerado automáticamente como feminicidio.

La colectiva sostuvo que lo que debe garantizarse es que cada caso sea investigado conforme al marco legal y que las conclusiones no sean anticipadas públicamente mientras las investigaciones continúan.

En particular, cuestionó que una posible línea de investigación relacionada con actividades delictivas pueda convertirse en una explicación pública sobre la muerte de una víctima.

“Una línea de investigación no es lo mismo que un hecho probado”, señaló la organización.

El colectivo agregó que, aun cuando una eventual participación de una persona en actividades delictivas llegara a acreditarse ante las autoridades, esa circunstancia no elimina su derecho a que su muerte sea investigada ni justificaría presentar públicamente el asesinato como consecuencia de sus supuestas actividades.

Para Orquídeas Moradas, este tipo de señalamientos puede contribuir a la revictimización de las mujeres asesinadas.

¿Qué establece la legislación sobre feminicidio?

El Código Penal para el Estado de Sinaloa establece en su artículo 134 Bis que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.

La legislación contempla diversas circunstancias que pueden configurar esas razones de género, entre ellas la existencia de violencia sexual, violencia familiar, lesiones infamantes o degradantes, amenazas, acoso, violencia o lesiones previas, exposición del cuerpo en un lugar público, estado de indefensión o incomunicación de la víctima.

Por ello, la clasificación jurídica de cada caso depende de los elementos que sean establecidos durante la investigación correspondiente.

El impacto de la violencia en la comunidad

En su posicionamiento, la colectiva también puso énfasis en las consecuencias que los asesinatos tienen más allá de la víctima directa.

Orquídeas Moradas señaló que detrás de cada mujer asesinada existe una familia y recordó que madres, padres, hermanas, hermanos, parejas e hijos enfrentan las consecuencias de la violencia.

También destacó que en un municipio como Escuinapa, donde las comunidades mantienen una estrecha cercanía, los hechos violentos tienen repercusiones que alcanzan a buena parte de la población.

“Cuando una mujer es asesinada, no solamente una familia pierde a alguien. La violencia va modificando la manera en que toda una comunidad vive, se mueve, se relaciona y entiende su propia seguridad”, expuso la colectiva.

“No estamos defendiendo delitos”

Orquídeas Moradas aclaró que su postura no busca sustituir a las autoridades ni determinar el resultado de las investigaciones.

El colectivo señaló que su exigencia se centra en que los asesinatos sean investigados de manera seria, que la información relacionada con los casos sea manejada de manera responsable y que se preserve la dignidad de las víctimas.

“No estamos defendiendo delitos. Estamos defendiendo el derecho a la justicia sin importar quién era la víctima”, concluyó el posicionamiento.

La controversia entre las declaraciones de la diputada y la postura de la colectiva se suma al debate público generado en Escuinapa por la violencia contra las mujeres y por la manera en que las autoridades deben comunicar información relacionada con investigaciones que todavía se encuentran en curso.