En política, las lealtades suelen durar más que la memoria. Y precisamente por eso hay preguntas que dentro de los movimientos políticos casi nadie se atreve a hacer en voz alta.

Hoy, en Sinaloa, una de esas preguntas apunta directamente hacia Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció públicamente que su candidatura no fue resultado de las encuestas, sino de una decisión política tomada desde arriba. Según sus propias declaraciones, quien decidió que él fuera candidato fue López Obrador, aun cuando las mediciones favorecían a Luis Guillermo “El Químico” Benítez.

La confesión tiene un enorme peso político. Durante años Morena construyó parte de su legitimidad alrededor de una idea muy clara. Que el pueblo decidía mediante encuestas. Pero en este caso, el propio Rocha admite que la decisión final vino desde el centro del poder.

Y entonces aparece la pregunta inevitable.

Si quien eligió al candidato fue López Obrador, ¿también debe asumir responsabilidad política por lo que ocurre hoy en Sinaloa?

Porque ya no estamos hablando solamente de una mala administración o de errores de gobierno. El estado vive una crisis profunda de violencia, miedo e incertidumbre. A eso se suma algo todavía más delicado. Las acusaciones surgidas desde Estados Unidos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con narcotráfico y delincuencia organizada, señalamientos que el gobernador ha rechazado y que todavía forman parte de un debate político y jurídico abierto.

Aquí es donde la discusión deja de ser únicamente legal y se vuelve política.

Porque incluso si mañana existiera una resolución definitiva sobre esas acusaciones, hay algo que ya nadie puede borrar. Rocha fue un proyecto político respaldado desde la cúspide del obradorismo.

Y eso obliga a otra pregunta todavía más incómoda.

¿Habrá alguien dentro del movimiento capaz de señalar responsabilidad política hacia López Obrador?

La historia reciente de Morena demuestra que criticar a AMLO desde dentro casi siempre se interpreta como traición. Muchos dirigentes pueden cuestionar gobernadores, alcaldes o legisladores. Pero cuando el tema toca al fundador del movimiento, aparece el silencio.

Y el silencio también comunica.

Porque ningún liderazgo democrático debería estar por encima del cuestionamiento público. Mucho menos cuando las consecuencias afectan la vida cotidiana de millones de personas.

Defender un movimiento no debería significar cancelar el pensamiento crítico. Al contrario. Los proyectos políticos se degradan cuando convierten a sus líderes en figuras intocables.

La pregunta no es solamente si Rocha Moya debe responder por lo que ocurre en Sinaloa.

La pregunta de fondo es si quienes impulsaron su llegada al poder también aceptarán alguna responsabilidad.

Y esa conversación, tarde o temprano, México tendrá que enfrentarla.